Infiltrado en las patrullas anti-redadas

Llego doce minutos más tarde de la hora. Les veo en la plaza de Tirso de Molina, parapetados con chalecos reflectantes naranjas en el corazón del barrio madrileño de Lavapiés. Me dan la bienvenida, serios y con la mirada clavada en mi mochila.

– Sólo puedes escribir lo que vayas viendo- me dice Nuria, con voz suave pero firme.  

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Es una de las referentes de las Brigadas Vecinales anti-redadas, que me permiten acompañarles en este atardecer plomizo. Su nombre oficial es ‘Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos’ y nacieron hace casi cuatro años en las entrañas de Aluche, para denunciar los controles policiales racistas que según ellos van en aumento. “La crisis se ha cebado con los extranjeros. Siempre se les ha humillado, pero ahora más”, me explica Fran mientras comenzamos a caminar. 

Ésta es una de las células de un movimiento espontáneo que deriva de diversas plataformas vecinales y sociales y todos los que me rodean son de nacionalidad española. Cada vez más habitantes de Madrid, Barcelona, Valencia y otras ciudades se suman a estas patrullas. Se subdividen en áreas urbanas, y suelen peinar los puntos más saturados y calientes donde circulan o viven inmigrantes. El objetivo es alertar sobre los polémicos controles policiales de identificación a extranjeros. Documentan las actuaciones y -ahora más que nunca- se la juegan, porque en el Congreso se debate una iniciativa muy peculiar: en breve retratar una acción policial en la calle podría ser sinónimo de matar en serie.

Pero veo que ellos no matan, sino que donan su tiempo al salir del trabajo o la facultad para emprender una labor silenciosa y no exenta de riesgos. Andrea me dice que “las prácticas denunciadas consisten en seleccionar por parte de la Policía a personas en función de su apariencia física”.  A las 20.35h avanzamos hacia la calle de la Esgrima. Ya hemos visto pasar a nuestro lado dos motos de municipales, que nos miran como si hubiesen encontrado al monstruo del lago Ness. Pero seguimos. En el último año fueron identificadas 27.017 personas en España en controles callejeros, el 53,5% de origen extranjero, según datos del Ministerio del Interior.

Pasadas las 21h, Jorge, uno de los brigadistas que ahora olfatea “movimientos raros” como un perro de caza (debido a su experiencia en la materia) nos anuncia que en ese banco del parque la función está por comenzar. En una de cada tres salidas, los brigadistas detectan controles racistas, según sus registros. Los chalecos naranjas se abren en abanico. Dos se acercan sigilosos lo más cercano posible a la escena. Los otros, a los extremos de la calle, observan atentos que no aparezcan obstáculos que puedan interrumpir su misión.

En el banco está sentado Sergio, un argentino que fuma un cigarro de liar y a juzgar por su piel podría haber nacido en el altiplano de Bolivia. Negro como la brea y feo como Rossy de Palma en una fiesta de Halloween. Dos hombres de paisano le piden la documentación. “Ahora han cambiado su manera de actuar. Los agentes van siempre de paisano”, me cuentan. Justo detrás pasa un joven que acaba de vender cuatro botellines de coca a un par de chavales en una esquina. Pero a él nadie lo para: es blanco y podría haber nacido a la vuelta de la Plaza de Las Ventas.

Juanjo, uno de los activistas, toma nota del lugar, hora y aspecto físico de los policías que no exhiben ningún tipo de identificación. Ese material podría integrar un nuevo informe que preparan, similar al último presentado el pasado año, y que llevó al diputado de Izquierda Plural Ricardo Sixto, a pedir explicaciones por escrito al Gobierno. De ahí se desprende la cifra “oficial” de identificados en las calles. “Pero son muchos más. Hay que multiplicar ese número por cinco. Interior relaciona la diversidad racial con la delincuencia”, apunta uno de los brigadistas.

A los pocos minutos, un patrullero con la sirena apagada aparca en las narices del inmigrante. Se bajan dos uniformados. Rellenan un formulario, Sergio Montenegro firma algo y se van. Tiene vencido el permiso de residencia, está en el paro, pero cuenta que ya está acostumbrado a estos procedimientos: “Me abrieron expedientes, me llevaron al CIE -Centro de Internamiento de Extranjeros- en Aluche dos veces, tengo carta de expulsión. Pero todo eso me lo hicieron cuando curraba de camarero, en blanco y estaba legal. Solo por tener la cara que tengo”, afirma. Quien habla no tiene ni un solo antecedente penal o delictivo. Después de ser devorado por el desempleo y agotar los subsidios, no puede reunir los euros suficientes para comprar un billete de regreso a su país. Y se gana las monedas de titiritero en El Retiro.

¿Sólo son objeto de estos controles personas que no nacieron aquí?, pregunto. Alguien del grupo me dice que no, y recuerda el caso de la española Rosalind Williams. La mujer denunció su caso en España y llegó hasta la ONU. “Las meras características físicas o étnicas de las personas objeto de los mismos no deben ser tomadas en consideración como indicio de su posible situación ilegal en el país”, falló el Comité de Derechos Humanos.

Según el Sindicato Unificado de Policía (SUP) se producen una media de 1.200 identificaciones al mes a extranjeros. El pico se produjo en 2009: se detuvieron a 445.000 inmigrantes en el país por sus características físicas. Ese año en Madrid hubo 13.278 órdenes de expulsión de extranjeros, lo que supuso un incremento del 25% desde el inicio de la crisis. La tendencia no ha mermado.

Me despido de los brigadistas. Puedo leer en sus espaldas el lema “Vigilando a los Vigilantes”. En la boca del metro, cuando voy a sacar mi billete de metrobús, me doy cuenta de que se me ha olvidado el DNI de residente extranjero en casa. Soy tan argentino como el negro que acabo de entrevistar en el parque. Y, al igual que él, soy un indocumentado más. Delante, dos municipales ríen estruendosamente un chiste.  Nadie me para. Muchos amigos dicen que soy más feo que Rossy de Palma al acabar la noche de Halloween. Pero soy blanco y bien podría haber nacido a la vuelta del Vicente Calderón.

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