​»La casa está rodeada», grita Ramin al-Shalodi, mientras la niña de ocho años corre a través de los escombros para mirar con ansiedad por el balcón. La policía antidisturbios con rifles AR apuntan desde los techos de los vecinos, se alinean por el estrecho pasillo de las escaleras hasta el apartamento. En el exterior, las carreteras en Silwan, un barrio palestino en el oriente de Jerusalén, están selladas. Grupos de jóvenes irritados se reúnen en las calles, los policías comprueban sus identificaciones, el ambiente es tenso. Inas Sharif, la madre de Ramin, empieza a llorar en silencio.

El mes pasado, su hijo mayor, Abdel al-Shalodi chocó su carro contra una multitud de personas en Jerusalén, matando a una mujer y a su bebé de tres meses. En la escena fue asesinado a tiros por la policía.

La llegada alarmante e inesperada de la policía en la residencia de al-Shalodi resultó ser una guardia de seguridad del ministro de Seguridad Pública, Yitzhak Aharonovitch. Sonriendo para las cámaras el político israelí da la mano a los agentes de policía, pero rechaza a la familia y vecinos. Él está en la ciudad para una inesperada sesión fotográfica para promocionar la última medida del Gobierno contra el terrorismo: la demolición de casas.

El ataque mortal por parte de al-Shalodi fue solo uno de una serie de brutales y terroríficos ataques por parte de palestinos que han matado al menos once israelíes, entre ellos cuatro rabinos, en el último mes.

La destrucción del apartamento de la familia de al-Shalodi, es la tercera casa de un sospechoso de terrorismo que es demolida desde que fue reincorporada la controvertida política de demolición el pasado mes de julio, es solo una de las que se han programado para las siguientes semanas.

La escena en Silwan es el epítome de un nuevo status violento e incómodo en Jerusalén.

Tras una sangrienta guerra de siete semanas en Gaza en julio, las tensiones entre palestinos e israelíes son evidentes en los enfrentamientos callejeros casi diarios entre los jóvenes y la policía. Sin embargo, algo está cambiando, ambas partes parecen no saber a dónde ir.

La reciente ola de ataques terroristas fueron casi todos en el oriente de Jerusalén, territorio ocupado por los israelíes. Pero los perpetradores «lobos solitarios» (como se les conoce en las redes sociales) hablan sobre el grado de organización política y la voluntad colectiva de nuevos disturbios.

Las quejas palestinas se remontan a décadas atrás. Asentamientos judíos ilegales se están expandiendo con el apoyo implícito del Estado, las disputas sobre el derecho a rezar en al-Haram al-Sharif, conocido como Monte del Templo para los judíos, han hecho que las tensiones cada vez sean más fuertes. Basura y gatos callejeros en los barrios árabes evidencian la distribución desigual de los recursos del Estado entre los israelíes y palestinos.

Sin embargo, aunque el número de brotes de violencia aislados están aumentando no parece haber ningún movimiento para la movilización de masas. Tensiones siempre latentes están aumentando, pero aún no han alcanzado el punto de ebullición. Israel también parece tener poco que añadir, en lugar de caer en una política ya una vez desaparecida.

Aparentemente la reintroducción de la demolición de casas pretende actuar como un disuasivo para una nueva ola de ataques terroristas. «Cuando un potencial terrorista sabe que su casa, la casa en la que vive su familia, será demolida, eso tendrá un impacto en los hechos que pretenda cometer», dijo el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a principios de esta semana justificando la política implementada.

Sin embargo, ya es ampliamente reconocido que las demoliciones son una medida populista, no una política eficaz de lucha contra el terrorismo. Ampliamente utilizada por Israel en décadas anteriores. La ONG de derechos humanos B’Tselem registró 668 destrucciones punitivas de casas palestinas durante la segunda intifada. La práctica fue abandonada en 2005 después de que un informe del ejército encontró que el impacto era insignificante.

«Este tipo de castigo, demoliciones de casas, es ilegal,» dijo Joe Stork, subdirector para Medio Oriente y el Norte de África de Human Rights Watch, en un comunicado la semana pasada. «Israel debe enjuiciar, condenar y castigar a los criminales, no realizar la destrucción vengativa que perjudica a familias enteras».

De vuelta en la residencia de al-Shalodi, Ramin señala que el humo extinguiéndose es lo único que quedó del cuarto donde ella solía dormir. El papel tapiz de Mickey y Minnie Mouse que lo decoraba sigue ahí. «Nuestra casa fue destruida después de que mi hermano fue torturado», le contó a VICE.

La familia vive ahora con vecinos y amigos hasta que puedan encontrar un nuevo hogar, o algún medio para reconstruir la antigua. Otros daños resultan mucho más difíciles de reparar.

Ramin y su hermana relatan la noche que su apartamento fue volado. «El ejército llegó a la mitad de la noche, teníamos cinco minutos para salir», contó, Nibras de 12 años a VICE. Luego, la familia tuvo que esperar varias horas afuera de una tienda y no se les permitía ir al baño, comer o tomar agua.

«Fue una explosión enorme, que despertó a todos en Silwan», continúa. «Después fuimos a entrar. Ni siquiera podíamos reconocer que era nuestra casa, todo era un desastre, los soldados defecaban en nuestros colchones». Encima del sofá en el que las niñas estaban sentadas, hay una fotografía que cuelga de la pared, en ella sale aparece su hermano muerto: lo miran con orgullo.

A menos de un kilómetro de la antigua casa de la familia Al-Shalodi, la violencia que se ha vuelto repetitiva esta cerca de la demolición de otra casa.

«Mi hijo era bueno en el colegio, practicaba deportes, le gustaba leer, era bueno en el ajedrez», dice Ibrahim Hijazi a VICE. Pero algo cambió en Mutaz Hijazi, dijo su padre. «Lo que vio durante la segunda intifada dejó oscuridad en su corazón y nunca se fue».

En 2002, Mutaz Hijazi, de veinte años, fue declarado culpable de crímenes nacionalistas. El 30 de octubre, poco después de terminar su sentencia de once años en cárceles israelíes, donde su padre afirma que fue golpeado regularmente por los guardias, Mutaz fue asesinado a tiros en el techo de la casa de su familia.

Según las autoridades israelíes Mutaz, sospechoso en días anteriores del intento de homicidio del rabino de derecha y activista Yehuda Glick, fue neutralizado en un intercambio de disparos con la policía.

Pero, sentado en medio de cajas en el sofá de su vecino, la familia de Mutaz protesta silenciosamente su inocencia. La familia dice que él no portaba armas y fue chivo expiatorio fácil para las autoridades israelíes que estaban bajo la presión de actuar.

Es imposible saber si era culpable o no. Hasta ahora no hay ninguna prueba y tampoco se han publicado las pruebas contra Mutaz. Es poco probable que existan. Sospechosos de terrorismo, a menudo son asesinados por la policía, rara vez tienen un juicio en la corte. Cuando lo hacen, la información de las audiencias se mantiene con frecuencia en secreto a petición del servicio de seguridad secreto de Israel.

La falta del debido proceso dado al caso de Mutaz, sin embargo, no impidió que se expidiera una orden judicial para demoler la casa de la familia Hijazi. La casa esta totalmente vacía, salvo por el lavaplatos de la cocina y un cartel solitario declarando que su hijo fallecido en un «mártir».

Su padre ha presentado una apelación. Hay plazo de 48 horas para que la prórroga se le conceda, pero tiene pocas esperanzas de que su solicitud por lo menos sea considerada.

Hasta la fecha solo una decisión sobre la demolición de una casa palestina, en 1993, ha sido revertida, y hace tres meses el Tribunal Supremo de Israel dejó en claro que la política de demolición solo se aplicaría a palestinos, no israelíes.

Haciendo referencia al horripilante asesinato de Mohammed Abu Khdeir, un adolescente palestino que fue incinerado por tres extremistas judíos, el juez declaró el caso el «más raro de todos los casos». La demolición de las casas de sus asesinos se constituye una inapropiada «simetría artificial», dijo, rechazando las similitudes en la naturaleza de los crímenes.

Sospechosos muertos, ningún juicio, aplicación desigual de la ley, y las pocas oportunidades significativas para que las familias apelen las demoliciones solo se suman a la larga lista de quejas de los palestinos en un conflicto territorial prolongado donde la destrucción de casas es un castigo cargado de simbolismo.

«No soy el primero y no seré el último palestino que pierda su hijo y su casa … Soy viejo, quiero paz, no puedo perder nada más de lo que ya he perdido», dice Ibriham Hijazi. «Pero contéstame a esta pregunta. Dime, ¿Qué piensas cuando los niños ven cómo estamos viviendo bajo esta ocupación, tratados como si no fuéramos humanos? ¿se destruyen las casas de los israelíes?.

No es probable que las autoridades israelíes reviertan la decisión sobre la reintroducción de la política de demolición, sin embargo, el miércoles un nuevo proyecto de ley de ocho pasos que se esta discutiendo en Knesset podría poner fin al terror. Entre las propuestas hay planes para acelerar las demoliciones y redoblar la presión sobre las familias. De ser aprobada, la ley significaría que la casa del sospechoso sería demolida en 24 horas y sus familiares podrían perder su ciudadanía o residencia en el caso de los palestinos, si expresan apoyo a sus acciones.

Un comunicado emitido por la Fuerza de Defensa de Israel, el pasado martes dijo que las demoliciones envían a los posibles terroristas un mensaje fuerte y claro. En la azotea donde Mutaz Hijazi fue abatido a tiros, sus parientes han hecho un graffiti con una nota en respuesta: Aquí nuestro primo fue asesinado. La oscuridad ya ha comenzado a crecer en los corazones de la próxima generación.